* Graciela Morgade

Del privilegio al derecho

Si hay una marca “siglo XXI”  en las políticas educativas de nuestro país y también en varios otros de América Latina, son las discusiones, los proyectos y las iniciativas en el campo del “qué hacer” con las universidades.

Las universidades fueron, por siglos, cotos cerrados destinados a las élites privilegiadas – religiosas, patriarcales, económicas -; en el siglo XX experimentaron un imponente crecimiento, cuantitativo y cualitativo; y en 1998, se encontraron con estados que suscribieron la “Declaración Mundial sobre la Educación Superior” en el marco de la UNESCO, y nuestro país fue uno de ellos.

Entre otras novedades, la declaración despliega el postulado de que la universidad integra el conjunto de los “derechos humanos fundamentales”.  En el artículo 3, llamado “igualdad de acceso”, establece que la educación superior debería basarse en “los méritos, la capacidad, los esfuerzos, la perseverancia y la determinación de los aspirantes y, en la perspectiva de la educación a lo largo de toda la vida, podrá tener lugar a cualquier edad, tomando debidamente en cuenta las competencias adquiridas anteriormente”, que se debe empezar por una mejor articulación con el nivel secundario, que se debe facilitar activamente el acceso a la educación superior “de los miembros de algunos grupos específicos” para lo cual propone “una asistencia material especial y soluciones educativas” en dirección a superar obstáculos. Asimismo, en el artículo 4, establece de manera explícita la necesidad de promover del acceso de las mujeres, desvelando y erradicando “estereotipos de género”.

Diez años después,  en 2008, la Declaración de la Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y el Caribe de Cartagena de Indias profundiza esta concepción,  estableciendo que la Educación Superior es un bien público social, un derecho humano y universal y un deber del Estado. 

Este discurso, representa sin duda una interpelación crítica de la tradición elitista en las universidades. Sin embargo, en los diferentes países se fue concretando de manera diferencial, con mayores o menores logros alcanzados en una fuerte articulación con las políticas educativas y universitarias más amplias.

En nuestro país, este cambio de paradigma encontró un terreno fértil: a diferencia de muchos otros países de América Latina, la apertura en el acceso y la gratuidad (más específicamente, la ausencia de aranceles) fueron parte de las notas históricas esenciales que caracterizaron a las universidades públicas y representan un valor defendido por la comunidad en su conjunto en momentos en que parecieron amenazados.   Profundizando entonces en esa dirección, las políticas universitarias ampliaron el derecho a la educación superior a través de diferentes expresiones: creación de nuevas universidades nacionales en diferentes localidades del país, apertura de nuevas ofertas, creación de programas de becas universitarias (y el plan PROGRESAR para estudiantes de 18 a 24 años), entre otras medidas. Y fundamentalmente, a través una creciente y fuerte inversión presupuestaria en el sector, hasta llegar a la histórica proporción de casi un 1% del Producto Bruto Interno.  

Alarmante desfinanciamiento   

Con el cambio de gobierno estas tendencias comenzaron a revertirse. En lo que respecta al financiamiento, se presenta un discurso ambiguo y preocupante, tanto en cuanto al cumplimiento de los compormisos establecidos en la ley de presupuesto como en la atención de las necesidades de funcionamiento derivadas de los aumentos de tarifas.

La Ley 27198 de Presupuesto Nacional 2016 establece en su artículo 12 que el crédito total fijado para las universidades nacionales es de  $51.946.796.000, distribuidos según un anexo que establece el monto para cada una.  En el mismo artículo se faculta al jefe de gabinete de ministros a incorporar $400.000.000 para gastos de funcionamiento, $300.000.000 para infraestructura, más $1.500.000.000 para proyectos especiales y $1.000.000.000 para hospitales universitarios.

Este presupuesto adicional, ubicable en otras planillas (B, C y Partida de Hospitales Universitarios) suma $3.200.000.000 que no han sido siquiera reconocidos por el gobierno nacional.

En el contexto de la amenaza que el aumento de tarifas implica para el funcionamiento de las universidades, el Presidente Macri anunció a comienzos de mayo un “incremento” del presupuesto universitario de $500.000.000. Sin embargo, hasta el momento no se ha clarificado efectivamente si se trata de un aumento (que sería de menos de un 1% del total asignado a universidades nacionales) o si se trata de un anticipo de los adicionales previstos. En ese caso, falta el reconocimiento de $2.700.000.000 (para estar en el nivel de la ley de fines de 2015), pero sin contemplar los aumentos de tarifas ni la actual situación inflacionaria las universidades nacionales tendrán severas dificultades en finalizar el ciclo lectivo con normalidad.  

Para descomprimir la situación, en la Universidad de Buenos Aires por ejemplo, el rectorado recibió una nota mediante la cual el Ministerio de Educación  y Deporte comprometía al gobierno nacional a girar 500 millones (de los 710 que le corresponderían a la UBA dentro de la partida de 1000 millones para hospitales universitarios). Hasta la fecha de esta publicación, 27 de junio, ese giro no había sido realizado.

El silencio oficial en relación con el presupuesto se combinó en el mes de mayo con ambiguas propuestas oficiales ofrecidas en el marco de la paritaria docente que, a diferencia de las negociaciones realizadas en el mes de febrero con los sindicatos representativos de los otros niveles del sistema, fueron largas y trabadas, comenzaron con ofrecimientos muy bajos, y, según todos los testimonios disponibles, alargaron el tema a niveles exasperantes. Por otra parte, las paritarias no docentes también tuvieron idas y vueltas que, en un contexto de inflación galopante, también sometieron a los y las trabajadorxs del sector a una angustiosa espera.

La descalificación como fundamento de la profecía autocumplida   

Estas tensiones en el nivel del financiamiento de las universidades no se producen en el vacío. Durante la campaña electoral y luego ya en ejercicio, el gobierno nacional expresó, de manera fragmentaria pero explícita, algunos de sus desacuerdos con las políticas universitarias de los últimos gobiernos.

Desde la observación crítica de para qué haber creado “universidades por todos lados”, hasta la determinación clara y por decreto de la finalización de todos los convenios de cooperación (por lo cual las universidades perdieron el carácter de “consultoras privilegiadas” por el estado), la posición de “Cambiemos” es la descalificación generalizada para todas las universidades públicas y la diatriba injuriosa dirigida a algunas; en particular, las nuevas creaciones localizadas en la Provincia de Buenos Aires.      

Sin embargo, no es desde el gobierno nacional sino sobre todo desde los medios de comunicación donde  se configura el discurso que permite anticipar más claramente el proyecto para las universidades públicas. Interesa en particular una serie de notas que el diario La Nación viene publicando ya desde antes del cambio de gobierno.

Notas sobre el desproporcionado y desigual “gasto” por estudiante (que en una oportunidad  incluyó la propuesta de pagar los estudios en Buenos Aires a todos lxs estudiantes de la Patagonia porque era “más económico” que mantener una universidad en el sur), notas sobre la baja tasa de graduación que tendrían las universidades públicas, notas sobre lo “irrelevante” que sería el título universitario para conseguir empleo, notas sobre que “gratuidad” no significa “igualdad”, notas sobre la necesidad de desalentar mediante altos aranceles a lxs migrantes que estudian en la Argentina, notas sobre los ránkings universitarios y la baja performance de las universidades públicas, notas, notas, notas….

Decanta una mirada clasificatoria jerárquica según la cual deberían existir, y ser apoyadas, algunas pocas universidades clásicas y de “calidad”; las otras, deberían ir extinguiéndose o, a lo sumo, transformándose en meros enseñaderos sin relevancia académica ni territorial más allá que la de entregar títulos.

Esta mirada clasificatoria se perfila también en otra dirección. Recientemente, ante la petición de las autoridades de una universidad nacional, un juez dictaminó la inconstitucionalidad de la ley sancionada en octubre de 2015 que establece la gratuidad y la ausencia de restricciones (exámenes eliminatorios u otros mecanismo de exclusión) para la ingreso a la universidad. Pudiendo hacerlo, el ejecutivo nacional no interpuso ninguna objeción a esa sentencia que, finalmente, quedó firme. No es una sorpresa: cuando se trató este proyecto en Diputados, el bloque del PRO había votado en contra y, en plena campaña, la actual vicepresidenta se ausentó en la votación de senadores. Evidentemente, se trata de otra expresión de la política universitaria imperante y una oscura perspectiva para el mediano plazo: ¿vamos camino al arancelamiento de los estudios universitarios? ¿vamos camino al “mérito” entendido como la capacidad de “aprobar un examen” y el ingreso limitado por “el cupo” (establecido, otra vez, por cuestiones presupuestarias)?.

Defender a las universidades públicas

Para cerrar esta invitación a la conversación, subrayo algunas de las cuestiones críticas que están  pendientes en la discusión de las políticas universitarias.

Por una parte, el crecimiento del número de universidades no tuvo una discusión ni una planificación detenida. Si bien en muchos casos tuvo que ver con la ausencia de universidades en algunas zonas del país, también fue un producto de  presiones y negociaciones puntuales. Evidentemente, las universidades nacionales están todavía lejos de integrar un “sistema” universitario (desde mi perspectiva sería deseable).  

Es un tema pendiente además la deseable integración al “sistema educativo”, tanto en relación con los institutos de formación docente como en la muy enunciada y poco lograda “articulación con el nivel secundario”, y están lejos las respuestas contundentes sobre cómo mejorar las condiciones de enseñanza y cómo acompañar a lxs estudiantes que entran y abandonan los estudios rápidamente.

También tenemos que profundizar los debates sobre cómo se articula el derecho individual con las proyecciones de desarrollo de una región o del país y sus prioridades en la formación de profesionales y en desarrollo en ciencia y tecnología; en otra palabras, el sentido de sostener como  política al ingreso irrestricto en relación con una planificación de un proyecto de desarrollo nacional…  

Quedó y queda mucho por hacer pero, definitivamente, no es destruyendo el camino recorrido que tendremos más y mejor educación superior universitaria.

Las universidades públicas están diseñando e implementando ámbitos de enseñanza cada vez más apropiados para los nuevos sujetos que llegan a las aulas y herramientas para apoyar su permanencia y egreso en condiciones de calidad equivalentes. También están estableciendo lazos de colaboración entre instituciones en dirección a aprovechar solidariamente de la experiencia institucional acumulada. Están proponiendo investigaciones cada vez más pertinentes articuladas con una producción en ciencia y tecnología acorde con las necesidades de cada región y están implementando una vinculación territorial de ida y vuelta en la construcción de conocimiento. Además, están alentando y sosteniendo una participación activa en los debates públicos de interés social.  

Se trata de una dirección para seguir trabajando y profundizando pero es evidente que estamos en tiempos que demandan cuidar y defender lo logrado. Y será visibilizando la relevancia social de la universidad pública desde una convicción: no estamos trabajando por un sector privilegiado, estamos plenamente implicadxs en la discusión por la democratización de la educación superior y por la ampliación del derecho a la educación.

Imagen: Bellomo, Valentina “La universidad pública de pie”. ANCOM; Buenos Aires 12/05/2016. Recuperada en http://bit.ly/28XpSIu