Los derechos de la infancia: una lectura de los cambios recientes en la Asignación Universal por Hijo

*Nora Gluz (UNGS-UBA)

Si algo había empezado a ser discutido y a cambiar en la Argentina de la última década era la lógica competitiva neoliberal como criterio de asignación de los recursos de las políticas sociales.

Durante los ´90, los dispositivos de protección solidarios fueron redefinidos en clave de mercado y sometieron a una lucha “neodarwiniana”  a los sectores más devastados por el modelo económico. La distribución de becas, alimentos, planes de empleo, se estableció a través de la mediación de programas focalizados y con cupo. Pero lejos del orden natural descripto por Darwin, se trató de la redefinición política de los dispositivos estatales de protección social, que sometió a los grupos más vulnerables a la competencia por el acceso a recursos focalizados, escasos y sólo para la población más necesitada sin  reparar en las consecuencias que dicha competencia conlleva en términos de construcción del lazo social. A partir de mecanismos clientelares, recursos asistemáticos, prestaciones que se otorgaban por un plazo acotado para luego desaparecer, se fue consolidando una lógica de funcionamiento alejada de la exigibilidad y responsabilidad estatal que supone el derecho.

La ampliación de derechos supuso la transformación de esos mecanismos de redistribución social basados en procedimientos excluyentes que seleccionaban a los más pobres entre todos los pobres, y su progresivo reemplazo por procedimientos que  fueron incorporando a grupos específicos de la población pero en su carácter de ciudadanos, y no sólo por su condición de pobreza

Sin dudas, la AUH fue la medida central de un proceso más extenso de ampliación de derechos. Aunque de corta vida, logró instalar el debate sobre “los derechos”, los de la infancia, los de “nuestros pibes” para comenzar a pensar en términos de la integralidad de los derechos. Ni filantropía, ni derecho en términos discretos y sectoriales.

Aún con sus límites, extendió un derecho reservado a los trabajadores formales –el salario familiar- a otros trabajadores (informales, empleadas domésticas o desempleados). Asimismo y en tanto se pretendió ampliar derechos, no se establecieron cupos. Si son derechos, no son para algunos pocos. Pero también se propuso un trabajo interministerial a efectos de articular procedimientos y garantizar las prestaciones estatales necesarias para el ejercicio de esos derechos. Si cobrar la AUH requiere el cumplimiento de las condicionalidades de salud y educación, el Estado tiene la obligación de prestar en tiempo y forma esos servicios. Servicios que constituyen sin lugar a dudas la condición necesaria para el goce de los derechos.

La creación de salas de jardín de infantes fue una clara expresión de esa vocación por la ampliación de derechos, cuya evidencia más perceptible fue el aumento en el período intercensal 2001-2010 de un 48% a un 70% de niños y niñas escolarizados en la sala de cuatro años y de un 79% a un 91% en la sala de cinco años. Un avance, con deudas.

Si miramos la protección de la primera infancia, es indudable que esta requirió de una ingeniería que no siempre estuvo al alcance de las necesidades, cuya institucionalidad fue débil, que las vacantes para el nivel inicial se incrementaron significativamente pero que no lograron universalizar un nivel históricamente postergado, que perduraron mecanismos diferenciales de control respecto de las asignaciones familiares de los trabajadores formales, pero indudablemente se avanzó hacia la materialización de derechos de grupos sociales que venían siendo desconsiderados como sujetos políticos. No sólo accedieron a la escuela, sino que lo hicieron en mejores condiciones por la progresiva protección económica y, hacia el final del período, por lo que significó la AUH en términos de recursos estables para las familias.

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De la ampliación de derechos a la extensión de la cobertura

Algunas preocupaciones de política que cuya manifestación en los discursos públicos oficiales se vinculó con los términos de inclusión o para todos y todas, desaparecen hoy de las palabras de los más altos funcionarios políticos y comienzan a ceder terreno y ser reemplazados por otros términos cuyos significantes remiten al merecimiento. En este nuevo escenario, entre los discursos que culpan a la pesada herencia por todos los males, el segundo semestre que no llega y la falta de explicitación de un programa de gobierno, algunas medidas pueden resultar engañosas.

La redefinición de la Asignación Universal por Hijo es una de ellas. Se extendió la medida a sectores que el kirchnerismo había dejado fuera de la cobertura, tema por el que fue objeto de críticas fundadas y de cuestionamientos múltiples por la nominación de universal de una medida que de hecho aún no lo era. No obstante, en esta nueva coyuntura hay que señalar esta decisión está más próxima al incremento de “beneficiarios” que a la ampliación de derechos. Más aún, la extensión de la AUH como medida de protección a la infancia se anunció a partir de un préstamo del Banco Mundial, endeudando el futuro de aquellos a los que hoy se dice proteger.

Si la efectiva materialización de los derechos requiere de una perspectiva integral, la extensión de las/os beneficiarios de la AUH se ve neutralizada en la medida que el gobierno está implementando otras medidas cuyos resultados más probables sean la restricción de derechos.

Ejemplos sobran. En el sector salud, según anunciaron distintos medios, niños y mujeres embarazadas de comunidades indígenas de zonas de extrema vulnerabilidad del Chaco no han recibido sus dosis de vacunación obligatoria. Los despidos –aunque luego en algunos casos se recotrataran o se reasignaran funciones- afectan áreas sensibles para garantizar la protección sanitaria de la infancia como el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia y la Dirección de Enfermedades Inmunoprevenibles.

En el sector educación, no hay una respuesta pública acerca de cómo van articularse las acciones del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales para cubrir la falta de vacantes, que afecta centralmente al nivel inicial. Dato no menor cuando a ello se suma una importante subinversión en infraestructura que acompañó al actual gobierno nacional cuando gobernó CABA y que define su labor actual y que pone en duda su capacidad para dar contenido a la propuesta de extensión de la obligatoriedad a la sala de tres años. O más bien cambia los contenidos.

Los derechos sin condiciones públicas que garanticen el goce de los mismos para todXs los ciudadanos se constituyen en obligaciones. Entonces las condicionalidades de política pueden convertirse ¿por arte de magia? en responsabilidades privadas.

Más graves resultarán una serie de medidas, que aunque aparentemente no se encuentran articuladas, configuran mecanismos que contribuyen a deteriorar las relaciones sociales. En las políticas que públicamente ha anunciado el macrismo en sus diferentes niveles de gobierno para el sector educación, se recupera la idea de competencia como mecanismo de asignación de recursos y el “mérito” como criterio privilegiado de justicia social, convirtiendo de este modo derechos en premios. El mérito es individual, depende de cada uno, del uso de los recursos disponibles; los que están evidentemente distribuidos de forma desigual. El caso más elocuente es la provincia de Buenos Aires. La primera medida de la gobernadora fue reinstaurar el régimen de aplazos en el primer ciclo de la escuela primaria. El régimen de calificación retoma la sanción, como medida de estímulo al esfuerzo, lejos de las preocupaciones que sustentara el anterior régimen académico respecto de la relevancia de los procesos de enseñanza como estrategia para lograr los aprendizajes. Así se recupera el más ramplón individualismo para pensar el rendimiento bajo el más nefasto discurso de sentido común: evitar el facilismo.

Por eso, lo que se presenta como la ampliación de “el” derecho a la AUH, es una medida engañosa.

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El debate necesario

Luego de la extensión de la cobertura, la AUH apenas ha encontrado algún lugar en los debates políticos. Lo más evidente, y tal vez lo único que esté llamando la atención pública, es la limitada actualización de los montos de las asignaciones frente a una acelerada inflación, la escasez de algunos alimentos que componen la canasta básica y la falta de control gubernamental frente al incremento de los precios de los bienes más esenciales. Importante por cierto, pero totalmente insuficiente.

La vulneración de los derechos conquistados, el retroceso en la concepción integral de los mismos, el refuerzo de una perspectiva meritocrática que suplanta la exigibilidad por el merecimiento son principios que sustentan  las medidas que impulsan las derechas en los gobiernos.

La protección a la niñez supone no sólo superar las desigualdades materiales sino también el desarrollo de una institucionalidad capaz de reconocer a niños y niñas, adolescentes y jóvenes como sujetos de pleno derecho.

imagen 1: N.N.  “¿Cómo hacer para cobrar la Asignación Universal por Hijo?” El diario de Carlos Paz, 01-03-16. Recuperado en: http://bit.ly/2cri6rA

Imagen 2: N.N. “Los pasos a seguir para percibir la Asignación Universal por Hijo” El Patagónico, 26-03-16. Recuperado en: http://bit.ly/2cZJdw6

Imagen 3 N.N. “La Asignación Universal por hijo cumple cuatro años y beneficia a más de 3 millones de chicos y adolescentes” Agenhoy, 31-10-13. Recuperado en: http://bit.ly/2cVoTgr

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