En abril de 2016 iniciamos este espacio con nuestras primeras lecturas sobre el escenario educativo después del cambio de gobierno. A un año, queremos compartir miradas y preocupaciones sobre la orientación de las políticas educativas del gobierno nacional encabezado por la Alianza Cambiemos.

El gobierno de Mauricio Macri marcó fuertes rupturas con las políticas públicas del ciclo anterior en muchos ámbitos, y en particular en el campo educativo. La política de «tierra arrasada» con la excusa de la «pesada herencia» del kirchnerismo y de un supuesto «fraude educativo» ha sido una de las características distintivas de la acción de gobierno en su primer año de gestión.

Detrás de la venta de ilusiones mágicas (cambiaremos, sacudiremos este sistema obsoleto, la promesa de una “revolución educativa”), la pretensión del gobierno es arrasar con las políticas desplegadas durante la década anterior, que reposicionaron  el papel del Estado, con sus logros democratizadores y sus deudas pendientes. Espejitos de colores encubren decididas intenciones de desmantelamiento de un sistema educativo que, aún con dificultades, comenzaba a articularse a partir de una serie de políticas.

Para ello se pusieron en juego diversas estrategias en el Ministerio Nacional: la desarticulación de los equipos de trabajo, el despido de trabajadorxs que acumulan sólida formación  y experiencia en prácticas de acuerdos comunes, el cierre y/o la reorientación de programas nacionales y la sub-ejecución del presupuesto 2016. El traspaso de programas y de dinero a las provincias bajo un supuesto respeto del federalismo nos retrotrae a la lógica de la reforma educativa de los ´90, aunque en una coyuntura diferente, que vuelve a descargar sobre las jurisdicciones toda la responsabilidad de generar las condiciones para materializar el derecho a la educación.

Las decisiones políticas se llevan adelante sin importar los argumentos y reparos que manifiestan distintos actores, desde sindicatos, universidades, colectivos de escuelas, institutos de formación docente, investigadoras/es: no hay ningún intento de diálogo más que con su propio círculo. Se apunta al vaciamiento de los programas e instituciones que buscaron, con todos sus logros y limitaciones, afianzar derechos y ampliar la cobertura para los sectores más postergados. Con un cinismo activo, el gobierno postula con descaro la necesidad  de la unión de los argentinos, a la par que avanza con decretos de necesidad y urgencia. ¿De quién es la necesidad?  ¿De quién es la urgencia?

Se trata de una gestión productora de eufemismos. Como sabemos, parte  del éxito de este gobierno y su acatamiento se deben a la aceptación de una ficción política que otorgaría protagonismo a las provincias.

Es sobre esa base que el Ministerio Nacional ha avanzado en girar recursos para que cada jurisdicción haga lo que considere mejor, lo que hace prever (entre otras cuestiones) un incremento de la fragmentación, la desigualdad y el desarrollo disímil de la educación como resultado próximo. Para lograrlo, se acude a volver más informales y menos colectivos y previsibles los vínculos entre el gobierno central y las jurisdicciones: “a río revuelto, ganancia de pescadores”. En lugar de acuerdos institucionales, se combinan arreglos precarios, más dependientes de las voluntades individuales, bajo la apelación a “atender a las necesidades particulares de cada uno”,  desarmando una trama institucional que buscaba consolidar  un sistema nacional sobre bases federales.

Entendemos que la no convocatoria a la paritaria nacional para establecer el salario mínimo docente común para todo el país (tal como lo establece el artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo) es una expresión más de lo que denominan un “nuevo federalismo” que enmascara la convicción de que hay provincias “inviables”, que deben quedar libradas a la propia desventaja en el marco de una desigualdad creciente.

Estamos a las puertas, además, de un nuevo esquema ministerial. Se ha desarmado la estructura, se han disgregado y expulsado equipos y aún se desconoce el nuevo diseño del  gobierno educativo nacional. Algunas cosas están claras: los cambios buscan producir una transformación profunda que arrase con lo existente, reorientando el presupuesto del 2017 para otorgarle centralidad  a la evaluación y a los operativos «aprender» como modos de disciplinamiento.

En ese marco se incorporan  funcionarios provenientes del sector privado, gerentes o directores de empresas. Bajo un lenguaje que alude a estrategias del mundo digital y empresarial (e-learning, coaching, emprendedurismo, emprendizaje, etc.), se busca acoplar el sistema educativo a las demandas del mercado y abrirlo a los negocios del sector privado bajo la meta de la “modernización” del sistema.

También las políticas impulsadas por el INFOD, junto con desconocer los acuerdos paritarios sobre el Plan de Formación Permanente, evidencian un giro importante, desplegando una visión instrumental y homogeneizadora de la formación. La resistencia de docentes de todo el país y de las trabajadoras y trabajadores del Programa Nuestra Escuela han permitido sostener algunas de las propuestas de formación que se venían desarrollando. Sin embargo, el gobierno busca desandar y reorientar la agenda de la formación expulsando de ella problemáticas tales como los Derechos humanos, las Pedagogías latinoamericanas, la Educación Sexual Integral y la Educación Intercultural Bilingüe (entre otros).

Esta reorientación de las políticas en materia de formación se sustenta en un discurso de desvalorización y culpabilización de los docentes por el supuesto fracaso de la escuela pública, medido por los resultados de las pruebas PISA que el propio gobierno busca desconocer (cuando los mismos contradicen su relato de fraude educativo), tal como aconteció con los resultados NO publicados en el año 2016.

La producción sistemática de saberes, la acumulación de experiencia y las innovaciones consolidadas colectivamente, van siendo reemplazadas por encargos millonarios a empresas para que elaboren “enlatados” digitales destinados a la formación docente, textos o materiales para salas de primera infancia, etc.

Es importante poder dimensionar que no se trata simplemente del retorno de un anacronismo, de una nueva expresión de fuerzas arcaicas e irracionales, sino de una generalización de una perspectiva de “postpolítica”. En ese marco lo político es planteado como algo caduco e improductivo al tiempo que se lo contrapone con una noción de sociedad consensual y sin ideologías.

Sin embargo, lo mejor de la tradición de la educación pública de la Argentina se asentó sobre la idea de distribución, de derecho, de reciprocidad. El Estado y las políticas públicas han sido los lugares en los que se generan las condiciones para que los derechos sean logros cotidianos. Si esa intermediación de la política estatal no está, nos quedamos a la intemperie, a merced de los poderosos, a sobrevivir en el sálvese quien pueda.

Cuando se estaba transitando un camino (no sin deudas y dificultades) sobre la convocatoria y acogida de niños y jóvenes a un sistema educativo ampliado,  atento a las problemáticas sociales, generacionales y genéricas particulares, sobrevino una interrupción del proceso de cambio cultural y se produjo  un giro del discurso que deslegitima la inclusión. Se produce entonces una  impugnación velada,  cuando  se pretende contraponerla al logro de la  “calidad” de la educación.

Hoy se presenta como posible salida reglamentar el respeto a los docentes, evaluar los aprendizajes, bucear en las emociones y en la materialidad de las neuronas y los genes de niñas, niños y adolescentes, y sustituir a la docencia con voluntarios ficticios. Sabemos que el respeto no se reglamenta, que a diferencia de la obediencia, es efecto del mutuo reconocimiento, que los procesos de enseñanza y aprendizaje desbordan las ficciones positivistas y que maestra/os y profesora/es son sujetos con oficio y derechos que no pueden ser sustituidos por convocatorias provocadoras. Avizoramos un incremento de los conflictos y el malestar docente; pero también una respuesta activa de los docentes que aún en medio de tanta contrariedad, no se resignarán a tirar por la borda tanta experiencia acumulada.

Sin dejar de dar batalla por los problemas señalados, invitamos a construir nuestra propia agenda. Abrir conversaciones que consideramos necesarias, haciéndonos eco de las situaciones, demandas y deseos que nos atraviesan a todxs y buscando compartir nuestros puntos de vista. Retomaremos entonces algunas cuestiones que planteamos en nuestra primera editorial (el gobierno del sistema educativo, las políticas de evaluación,  la transmisión de la historia reciente) a la vez nos planteamos abordar:

– las perspectivas sobre Género y Educación y la conmemoración del Día Internacional de la Mujer trabajadora, en un momento histórico amenazante para las conquistas de los gremios docentes y los movimientos feministas

– la educación bilingüe intercultural (EBI), y con ella, la obligación imprescriptible del Estado de asegurar el derecho de los pueblos indígenas a una educación que respete sus concepciones, idiomas y prácticas culturales y de generar condiciones para un diálogo intercultural fecundo entre todas las tradiciones culturales  que habitamos  la Argentina

– las políticas destinadas a niñas, niños y adolescentes y su incidencia en el campo educativo: el caso de la baja de edad de imputabilidad; la ausencia de políticas para la primera infancia; el desmantelamiento de las políticas hacia el sector salud, entre otras.

– las perspectivas sobre neurociencias y educación emocional: las miradas reduccionistas  como pretendido sustento de las políticas educativa en el caso de las políticas curriculares y de las orientaciones para la enseñanza y los aprendizajes; el impacto en los criterios de evaluación; la ilusión para el abordaje del malestar educativo.

Nos proponemos desplegar nuestras conversaciones en un doble movimiento: pronunciarnos contra el vaciamiento educativo, el cinismo activo y el disciplinamiento en la educación a la par que, sumándonos a la multiplicación de las voces críticas en la esfera pública, esperamos aportar a  la recuperación y socialización de experiencias acumuladas y a la apertura de nuevas preguntas y búsquedas que gesten mejores escenarios y horizontes para la educación argentina.