Desde hace tiempo se afirma que está muy mal “estudiar de memoria”, porque se asegura que al estudiar de memoria no se entiende verdaderamente y se repiten las palabras casi sin sentido, como una canción en otro idioma.

Pero la despreciada memoria permite que no olvidemos, que tengamos pasado, historia, recuerdos y más aún, nos permite enamorarnos de alguna mirada, volver a algunas ideas, impedir la pérdida del lugar donde encontrarnos.

Repetir de memoria en ocasiones es una especie de rito, de celebración que a muchos les ayuda a expresar su fe, a otros a encontrar su dogma, a algunos a volver a recorrer lo que otros hicieron para no olvidar lo hecho, lo pendiente, los aciertos y equivocaciones propias y ajenas, quiénes somos y quiénes son, quién es quién.

Recordar quién daña y quién ayuda, quién violenta y quién cuida, quién inventa y quién roba, quién mata y quién nace. Recordar cuándo, dónde, por qué, cómo fue, es parte de enseñar y aprender cualquier cosa. Siempre es así.

Hace 41 años Argentina sufría el último golpe de estado contra un gobierno elegido democráticamente, hace 34 años retornaba la democracia gracias a la lucha de gran parte del pueblo.

No hay manera de compartir el mundo sin recordar, sin luchar contra el olvido.

Por más que desde la pedagogía se ha dicho más de una vez que no es bueno “estudiar de memoria” no hay manera de estudiar sin ella, no hay manera de saber sin ella, no hay manera de educar sin ella.

Desde el retorno de la democracia, aprendimos que con el ejercicio de la memoria, los pueblos no sólo comprenden los procesos históricos sino que la construcción de  memoria colectiva ayuda a construir estrategias para que lo temido y nefasto no vuelva a ocurrir.

El lugar  de la educación no se puso en duda, la escuela podía ser una de las encargadas de  llevar adelante acciones y propuestas para analizar y ayudar a conocer el pasado, sus  huellas en el presente y sobre todo colaborar en la construcción de un futuro más justo para las generaciones venideras.

Desde este último año, no podemos dejar de señalar la pérdida de derechos de vastos sectores de nuestra sociedad; derechos civiles, laborales, educativos, entre otros,  que han sido fruto de  luchas históricas y  decisiones políticas.

En este sentido, observamos con espanto la vulneración de derechos mediante razias, persecuciones y detenciones arbitrarias. La marcha del 8M es un ejemplo cercano de avasallamiento del derecho a la protesta, a la libre asociación y circulación: cuerpos perseguidos y maltratados, derechos desconocidos y palabras reducidas.

Son una evidencia también las visitas intimidatorias a las escuelas de la Provincia de Buenos Aires, donde la Policía Bonaerense requiere información sobre la identidad de los maestros y profesores que hacen uso de su derecho de huelga; en el campo sindical, la reciente persecución del dirigente Roberto Baradel, quien fue atacado en su  círculo íntimo como otro modo para desactivar una creciente lucha organizada del sector docente. La amenaza y amedrentamiento a través de cuestiones privadas para que tengan incidencia en la retracción en el accionar público es un modo conocido por los argentinos.

Como si esto no bastara, estamos frente a un gobierno que  insiste en bajar la edad de imputabilidad de los jóvenes. A pesar del rechazo por parte de distintos grupos de expertos, se persiste en esta idea en función de dirimir las contradicciones presentes en la sociedad relacionadas con las políticas de seguridad. Apelar a la penalización de los jóvenes no solo es una medida regresiva sino que tiende a desresponsabilizar al Estado de sus obligaciones respecto de adolescentes y jóvenes, que deberían ser la prevención y las políticas activas.

La privación de la libertad de los jóvenes da respuesta a los diversos niveles de presión que ejercen determinados grupos que entienden que la  mano dura es el camino “lógico” del  discurso de campaña de la actual gestión política vinculado con el “combate” a la inseguridad.

Criminalizar, estigmatizar y judicializar son estrategias complementarias y necesarias con un doble propósito. Por un lado, se desliga al Estado de cualquier responsabilidad y por el otro, se satisface la demanda de un grupo social que ayudó a que este grupo económico/ político accediera al gobierno.

La naturalización de esta situación en un “clima” fomentado desde los medios de comunicación hegemónicos.

Memoria, educación y futuro constituyen una alianza inquebrantable y adquieren más fuerza frente a la paulatina, silenciosa  y sistemática pérdida de derechos que vienen padeciendo  amplios sectores de nuestro país.

Con el desguace de los programas ministeriales que trabajaban esta temática, las propuestas gubernamentales se fueron desvaneciendo. De igual manera, el desmantelamiento del ministerio nacional prosigue el intento de desandar el lugar significativo que las instituciones escolares estaban construyendo. Entonces, trabajar la memoria colectiva queda restringida a una opción individual, en la que cada escuela hace lo que puede y como puede.

La contundente movilización docente junto a los gremios nacionales en la Marcha Federal Educativa, con su poder enseñante, y la marcha del 24 de marzo, reponen hoy en las calles un inmenso sitio de memoria donde se develan las huellas de la historia de luchas de la docencia argentina por la educación pública y del movimiento de derechos humanos por memoria, verdad y  justicia.