*Por Claudia Bracchi

Los años previos al 2015 fueron de importantes avances legislativos en el campo educativo y en la definición de políticas públicas destinadas al sistema educativo. En conjunto se establecieron definiciones destacadas como la obligatoriedad, la universalidad, el derecho social a la educación, el eje en la enseñanza y la participación de los diferentes actores institucionales promoviendo así la democratización de las instituciones educativas.

En lo que respecta a la educación secundaria se avanzó mucho en definiciones políticas, siendo la primera de ellas a nivel nacional y provincial haber incluido en la Ley de Educación Nacional N° 26.206  y en la Ley e Educación Provincial N 13688 la obligatoriedad del nivel secundario y con ella se lograr conformar las escuelas de 6 años, elaborar y definir diseños curriculares centrados en la enseñanza, regímenes académicos más flexibles, políticas de inclusión y de participación estudiantil, entre otras conquistas sin precedentes.

Fueron tiempos de educar desde la restitución de lo público en los cuales la obligatoriedad de la educación secundaria representó una responsabilidad que el Estado asumía por primera vez en la historia argentina.

Las investigaciones en el campo educativo como así también la definición e implementación de políticas públicas para el nivel secundario han dado cuenta que aún se encuentran prácticas, tradiciones y propuestas de enseñanza que fueron creadas para una escuela secundaria muy distinta a la que se consideraba necesario ir construyendo. Las lógicas meritocráticas, selectivas y excluyentes que tuvo buena parte de la historia del nivel, dejaron instalados no sólo estigmas en la frente de los y las jóvenes sino mecanismos que tenían como finalidad por un lado seleccionar y, por el otro, clasificar y discriminar a quienes no lograban recorrer sus trayectorias educativas en los tiempos esperados institucionalmente.

Por ello fue necesario con la obligatoriedad de la secundaria pensar otras formar de ir a la escuela, posibilitando que las diversas experiencias vitales de los y las jóvenes, y por tanto sus trayectorias educativas, fueran contempladas en cada institución.

Toda acción estatal es política

La obligatoriedad de la educación secundaria fue una decisión política que implicó una tarea inmensa…incluir a todos los y las jóvenes en la escuela no fue un experimento de laboratorio sino el producto de una ardua tarea colectiva que nos llevó una década de esfuerzos incansables.

La obligatoriedad con horizonte en la universalidad de la educación secundaria requiere de tiempo, discusión cultural, presupuesto, debates sobre la enseñanza y la evaluación de los aprendizajes de los y las estudiantes. Requiere también de análisis rigurosos y discusiones profundas sobre el sentido y los objetivos en el marco del proyecto de país que se quiere y se busca.

Definir políticas públicas además, requiere de la participación de los actores involucrados y el esfuerzo político de generar consensos y puntos de encuentro. En ese marco entonces ¿Qué decisiones políticas supone la obligatoriedad? ¿Quiénes y cómo se toman dichas decisiones?, ¿en qué tiempo?, ¿con qué recursos?, ¿a qué precio?…

Ahora bien estas acciones que despliega el Estado nacional y sus correlatos provinciales, no se hacen concretas si no se diseña un dispositivo amplio, profundo y participativo desde el cual cada particularidad está contenido en el conjunto.

La decisión política de transformar la organización institucional en escuelas secundarias de seis años, donde las secciones de los primeros años se correspondieran con las de los últimos años, expresa que todos los y las estudiantes debían estar en la escuela secundaria, la debían transitar, aprender y egresar finalizando la educación básica obligatoria.

Una posibilidad es observar el proceso de transformación de la organización interna de cada escuela secundaria. Otra puerta de entrada para analizar la obligatoriedad se puede observar al analizar la oferta a lo largo y ancho del territorio bonaerense y aquí la situación puede ser aún más clara.

Cuando la educación secundaria se concentra en el centro de las grandes ciudades; cuando los estudiantes tienen que caminar grandes extensiones para llegar a la escuela; cuando en los barrios más alejados, los parajes del interior profundo de la provincia no hay oferta de educación secundaria, el derecho queda en el papel y no se verifica en las trayectorias de vida de los estudiantes y sus familias. Por ello la extensión de la oferta en la denominada educación en la ruralidad, muy representativa del territorio de la provincia de Buenos Aires, resulta vital a la hora de pensar la obligatoriedad como derecho.

Las escuelas secundarias rurales, las escuelas en contextos de isla, en contextos de encierro, se constituyen en paradigma de la concreción del derecho a la educación secundaria obligatoria.

Para el año 2008, año posterior a la sanción de la Ley provincial de Educación la provincia de Buenos Aires contaba con 236 establecimientos de educación secundaria en contexto rural y de islas. Este dato trepa en 2009 a 318 servicios, es decir se incrementan 82 servicios educativos.

Si se observan los datos de escuelas secundarias de gestión estatal en la provincia para diciembre de 2007 era de 3246 establecimientos educativos. Ese número incluía Escuelas de Educación Medias, Técnicas, Agrarias, Polivalentes de Arte, Bachilleratos de Adultos, Centros de Educación Bachillerato de Adultos en Salud (CEBAS), Centro  para la Producción Total (CEPT) y Unidades Penitenciarias. La mayor proporción de escuelas se concentraba en las Ex Escuelas Secundarias Básicas las que se distribuían a lo largo de toda la provincia y alcanzaba en ese entonces a 2168 establecimientos que no brindaban la posibilidad de continuar la trayectoria educativa de los estudiantes. En cuanto a las escuelas de Educación Media, que durante la Ley Federal de Educación se denominaron Polimodales solo existían 739 establecimientos en toda la provincia. A simple vista se podía observar que había mucha tarea por realizar ya que estaban garantizados los lugares para el ingreso de los y las estudiantes a la escuela secundaria pero estructuralmente, el sistema educativo no contaba con las ofertas y vacantes que ese colectivo de estudiantes necesitaba para poder terminar este nivel de enseñanza.

Como vemos el abandono de la escuela secundaria también fue parte de su identidad, muchos jóvenes estudiantes ingresaban y solo algunos finalizaban.

La obligatoriedad establecida en la Ley de Educación nacional y provincial, las políticas públicas de educación destinadas a las escuelas de este nivel educativo, la asignación presupuestaria para la conformación de escuelas y el trabajo sostenido de lo que denomino equipo central (equipo técnico de la Dirección Provincial de Educación Secundaria y Direcciones involucradas de entonces) y el equipo ampliado (supervisores y equipos directivos principalmente) posibilitaron que a lo largo de esos años se conformaran  más de dos mil escuelas secundarias de gestión estatal ampliando y posibilitando el derecho de los y las jóvenes estudiantes a ingresar, permanecer y terminar la escuela secundaria.

Algunas consideraciones finales: no podemos dejar de ser inmensos

Los últimos tiempos han proliferado las soluciones mágicas en torno a la educación, de la mano de una serie de fantasías, llamémosle “desgramaticalizantes” (retomando esta idea de Tyack y Cuban de que existe un conjunto de estructuras, reglas y prácticas que organizan la gramática escolar) que proponen “romper” con los tiempos, los espacios, los modos de ir a la escuela…cambiar formatos. Sin embargo, hay mucho que decir sobre esto y más para estar “atentos”: cuando se comienza por el formato y no se piensa en el derecho social y la definición de políticas de inclusión y permanencia, se corre el riesgo de dejar afuera a los sectores más vulnerables de la población. Los más alejados, los menos favorecidos por el sistema. Esta es una decisión política que claramente define un posicionamiento político ideológico.

La obligatoriedad implica que es necesario que el camino a recorrer parta de lo profundo y por tanto la gramática escolar tiene que ser una expresión del sentido para que la discusión no sea formalista.

Sabemos que son tiempos de avanzar en discusiones más profundas…Sabemos también que es necesario que seamos audaces para desarrollar experiencias que tensen modelos tradicionales, que rompan con la falsa dicotomía entre inclusión y calidad, que  intervengan sobre la gramática de la escuela. Pero esa audacia no debe perder de vista acompañar las trayectorias educativas de los estudiantes, que los cambios no afecten derechos laborales de los docentes y ser respetuosos de las historias institucionales. Allí la audacia cobra mayor sentido…

Nosotros no creemos en la soluciones mágicas, ni concebimos al Estado como un hacedor de proposiciones técnicas: “El Estado no es -para nosotros- el objeto de estudio sobre el que ensayamos hipótesis, sino el territorio por excelencia de los proyectos político-institucionales” (Abad y Catarelli, 2012: 120). Es por ello que apostamos a las políticas universales, a ser osados y  presentes, a  llegar a todos, a ser  teóricos y  políticos, a ser menos elitistas y más iguales a ser menos selectivos y más inmensos…

Esto es lo que sostuvimos entonces y seguimos sosteniendo: la obligatoriedad es la expresión de la universalidad del derecho y la igualdad.

 

*Magíster en Ciencias Sociales con orientación en Educación, docente e investigadora