Categoría: Universidad

*María Silvia Serra

Soy docente de la Universidad Nacional de Rosario desde hace casi treinta años. A lo largo de estas tres décadas muchas discusiones acerca del para quién de la Universidad en la Argentina se han hecho recurrentes. Los debates sobre las restricciones en el ingreso, sobre la gratuidad, sobre la autonomía universitaria y sobre la responsabilidades que el Estado posee en su financiamiento parecen no dirimirse nunca.

El “cambio” que trajo el gobierno nacional ha vuelto a ponerlas en el tapete. En el primer semestre de 2016, en medio del conflicto salarial y de los debates sobre el financiamiento de la Universidad pública, se han hecho oír diversas voces al respecto. En los medios de comunicación y hasta en el interior de los claustros universitarios, venimos escuchando a quienes denuncian, por ejemplo, el alto número de estudiantes extranjeros, de países latinoamericanos, en nuestras casas de estudio “usufructuando” una gratuidad que no les corresponde. O, entre figuras políticas, es común la expresión “Universidades del conurbano”, no para hacer referencia a su localización geográfica sino como adjetivación que las pone bajo sospecha. La cuestión del para quién de la Universidad, de quiénes pueden acceder legítimamente o de a quiénes están dirigidas, ligada directamente a los conflictos por su financiamiento, desplaza el problema. Pareciera que no se pone en duda que el Estado sostenga el sistema universitario, pero no uno tan “lleno”, tan “amplio”, tan “extendido”. ¿Tan … “inclusivo”? Pareciera que las políticas universitarias de la última década dejaran de ser inclusivas para ser parte de la famosa “pesada herencia”….. como si el alto número de estudiantes que las Universidades argentinas tienen hoy dentro de os claustros fuera sólo visto como un problema.

Revisar el vínculo entre sociedad y Universidad a lo largo del siglo nos devuelve rápidamente que no sólo en nuestro país, sino en buena parte de América Latina, hubo otras décadas donde las Universidades abrieron sus puertas de tal modo que entraron los hijos e hijas de los empleados públicos, de los comerciantes, de los técnicos, de los obreros. Los 60 y los 70 son un buen ejemplo de ello. Muchos de nosotros conocemos las historias de nuestros padres, hijos de laburantes que apenas disfrutaban uno o dos feriados al año, y que en esos tiempos hicieron posible el acceso a la universidad para su prole. En mi caso, me animo a decir que es probable que yo escriba estas líneas, entre otras cosas, porque hubo una universidad abierta, inclusiva a sectores medios y sectores populares, a la que pudieron asistir las generaciones que me precedieron.

¿Habrá habido en esos tiempos quien denunciara la apertura de las universidades por el riesgo de que afectara su “calidad”, quien pusiera en duda la legitimidad de las aspiraciones de esos hijos de panaderos, de modistas, de maestros, de albañiles, de asalariados, de convertirse en profesionales? ¿Acaso no somos muchos los profesores que hoy habitamos las universidades públicas, efecto de esas aperturas, de esas apuestas que hizo la sociedad por la universidad?

Eran otros tiempos, sin duda. Quizá se creía más en el vínculo entre educación y futuro. O quizá fue el efecto de las primeras expansiones de la escuela secundaria, que había nacido para pocos. Hoy su carácter obligatorio hace de la educación universitaria un derecho para todos. No es una conquista menor. En la medida en que el acceso a la educación secundaria se garantice, la universidad se acerca más a la posibilidad de estar al alcance de todos, mientras siga teniendo sus puertas abiertas, y sea gratuita.

Jacques Derrida, en su texto Universidad sin condición[1], se pregunta por el futuro de las Humanidades y el de la Universidad, en un mundo cambiante, problemático, diferente de aquél que la hizo posible. Este sin condición, como condición necesaria de la posibilidad de que la Institución Universitaria se recree, hace referencia al ejercicio libre del pensamiento, la universidad como “el lugar en el que nada está a resguardo de ser cuestionado, ni siquiera la figura actual y determinada de la democracia; ni siquiera tampoco la idea tradicional de crítica, como crítica teórica, ni siquiera la autoridad de la forma ‘cuestión’, del pensamiento como ‘cuestionamiento’” (pág. 14).

Quizá este sin condición pueda ser útil para nominar a quiénes llegan a la Universidad. “Sin condición” que se anteponga a que un/a joven, cualquiera sea su condición –económica, social, de saberes previos, de identidad, de nacionalidad- pueda transitar por ella.  Ese parece haber sido el principio que organizó la Universidad argentina: pública, laica y gratuita, abierta, sin restricciones para el ingreso, amplia -salvo, claro está, en los gobiernos militares que vieron siempre peligros en esa apertura. Sin condición, para establecer que nada de lo que un/a joven es interfiera en la posibilidad de que sea parte de los estudios universitarios. Históricamente la Universidad argentina se ha distinguido por eso, aún con las contradicciones que a condición de ser sin condición le impone.

Las universidades públicas argentinas no son ámbitos de tránsito fácil. Por el contrario, muchas veces resultan áridas: cuestiones presupuestarias, estructuras y culturas institucionales difíciles de cambiar, desafíos en las políticas académicas, necesidades ligadas al imperativo de atender desde la enseñanza las transformaciones culturales, tecnológicas y científicas hacen de ellas espacios de lucha, no siempre confortables ni sencillos de habitar.

Esto es así tanto para docentes como para estudiantes. Ellos/as en muchos casos pelean por un lugar en las aulas, los pasillos, las bibliotecas, los laboratorios. Pelean por hacer escuchar su voz, por inscribirse, por hacer valer sus derechos. Reclaman la herencia que les corresponde. Buscan, marchan, luchan.

La Universidad pública no es un lecho de rosas. Nadie lleva de la mano a nadie. Sin embargo allí están, insistiendo. Nos toca a nosotros, los docentes, sostener un gesto de institución de los herederos y herederas que exceda cualquier especulación o cálculo.

A nosotros y a quienes tienen la responsabilidad de hacer posible el derecho a la educación.

Imagen: Universidad Nacional de Rosario. Recuperada en http://bit.ly/2a1VJsY

 

[1]  Trotta, Madrid, 2001.

 

*Sandra Carli

Haciendo historia reciente de la universidad: del fallido ministro López Murphy a las políticas de Esteban Bullrich

En el año 2004 Boaventura de Souza Santos produjo “un texto de intervención” en ocasión del debate sobre la reforma universitaria en Brasil[1].  Planteó entonces un diagnóstico crítico sobre la situación de la universidad pública señalando que su crisis institucional  y  descapitalización se había producido por la pérdida de prioridad política del bien público,  bajo el trasfondo más general de la transnacionalización de la educación superior.

En la Argentina ese diagnóstico tuvo una resonancia particular. Durante los gobiernos peronistas de Carlos Menem y luego durante el gobierno de la Alianza encabezado por Fernando De La Rúa,  que estallaría con la crisis de los años 2001-2002, se había producido una notable desestabilización de las universidades públicas por el achicamiento presupuestario que coincidiría con una proceso de masificación de las matrículas y la sanción de la Ley de Educación Superior (1995).  La comunidad universitaria no dejaría de manifestarse durante la larga década,  pero en forma intensa cuando el designado ministro de Economía Ricardo López Murphy, en cuya fuerza política participaba el joven Esteban Bullrich, anunciara en marzo de 2001 medidas de ajuste salvaje en el sector público en general y en las universidades en particular.

Esos anuncios provocaron la salida de algunos ministros radicales, entre otros el entonces ministro de Educación  Hugo Jury  (actual rector de la UNC) y  la renuncia de los secretarios del FREPASO, entre los que se encontraba Adriana Puiggrós.  Si bien Chacho Álvarez había renunciado antes a la vicepresidencia, el FREPASO no había abandonado la coalición.  Luego del severo programa de ajuste fiscal anunciado el fallido ministro López Murphy no permanecería más de 15 días en su cargo, ante la movilización de la comunidad universitaria y de otros actores sociales.

Entre las metas que se proponía López Murphy estaba no solo el ajuste fiscal a las universidades sino también la racionalización burocrática (reducción) del Ministerio de Educación. Podemos plantear como hipótesis que aquellas metas frustradas del fugaz ministro López Murphy -que en las elecciones de 2003 también fracasaría a pesar de su buena perfomance por el pasaje al ballotage de Menem y Nestor Kirchner- se están logrando  15 años después de la mano del gobierno de Cambiemos presidido por Mauricio Macri, más afín a su perspectiva de control fiscal y apertura de la economía. Mientras el Ministerio de Modernización instrumenta la reducción del aparato estatal a través de despidos sistemáticos en apenas seis meses de gobierno, el ya no tan joven ministro de Educación Esteban Bullrich instrumenta dichas medidas de racionalización, que incluyen el retaceo y subejecución del presupuesto 2016 asignado a las universidades públicas,  que ha sido detallado en un texto anterior de este blog. Modalidad ya implementada en la Ciudad de Buenos Aires  durante su anterior gestión como ministro[2].

Recuperando el diagnóstico crítico de Boaventura Santos sobre la situación de las universidades públicas que señalamos al principio, ¿qué ha sucedido entre aquel escenario de crisis de los años  2001/2 y el actual presente histórico?  En un libro sobre la experiencia estudiantil[3] sostuve que en esos años de crisis frente a la debilidad estratégica de las universidades públicas se acentuaron las tácticas de los estudiantes para permanecer en las instituciones. Durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner las políticas universitarias implementadas produjeron, en cambio, un fortalecimiento institucional y  una nueva visión estratégica,  no solo por el aumento del presupuesto universitario (1% del PBI), sino también por el desarrollo de proyectos y programas que buscaron garantizar el derecho a la educación superior a más amplios sectores sociales.

La expansión del sistema universitario con la apertura de nuevas universidades,  junto con la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, permitiría saldar  parte de los atrasos acumulados del sector  respecto de los parámetros internacionales con nuevos indicadores (formación y graduación de posgrado, producción científica, ampliación del acceso a estudios de distintos sectores sociales, entre otros). Sin embargo quedaron tareas pendientes, entre otras la sanción de una nueva Ley de Educación Superior, a pesar del fuerte trabajo generado en este sentido en la Cámara de Diputados, por la diputada Adriana Puiggrós del FPV .

La no prioridad de la cuestión universitaria o la excusa de los niños primero

En sus discursos públicos el Ministro Bullrich insiste en señalar que su prioridad es la educación inicial y la educación secundaria, restando importancia en la agenda de gobierno al sistema de educación superior y en particular a las universidades públicas. Prioridad que también nos retrotrae a la centralidad de la “educación básica” de la reforma educativa de los años ´90 y del discurso internacional global, aunque o la sanción de la Ley de Educación Superior evidenció que el tema estaba en la agenda a pesar de las controversias que suscitaría.

En una conferencia dada en la Universidad de San Andrés el actual ministro recurrió entre otras  cifras -sin mencionar sus fuentes- a  la que indicaría que de los sectores más pobres solo 1 de cada 100 estudiantes logra titularse en la universidad, para sostener el argumento de la baja calidad o “fraude” del sistema. Se impugna así de manera velada la apertura, extensión y gratuidad del sistema universitario argentino, y también las legislaciones educativas vigentes, por su falta de “eficiencia” o resultados. Si bien el debate entre igualdad de oportunidades y desigualdad de posiciones es pertinente y necesario[4] resulta evidente que el programa económico del actual gobierno profundizará la desigualdad de posiciones de los estudiantes minando el alcance igualitario de las oportunidades que  les ofrecen las universidades públicas para acceder.

Un recorrido por las universidades públicas del país  le permitiría al ministro tomar contacto con un fenómeno institucional que desconoce, pero que sí conocen las autoridades de la Secretaría de Políticas Universitarias que están vinculadas al sector público. La condición plebeya de las universidades argentinas que habilita el encuentro en las aulas de distintos sectores sociales y que propicia procesos formativos muy particulares está en las antípodas de algunas experiencias del sector privado. Las universidades públicas combinan de manera compleja tareas de docencia, investigación y extensión, gobierno tripartito y participación política. No se trata simplemente del conocimiento o no del ministro del complejo sistema universitario argentino, en el que por otra parte ha incursionado muy poco en su formación profesional, sino en todo caso de concepciones sociales, políticas e ideológicas disímiles respecto de lo que significa conservar y profundizar en la tradición pública, gratuita y cogobernada del sistema universitario argentino.

 

En torno al Estado, los saberes universitarios y las políticas públicas: reducción del Estado o reocupación?

El hecho de que la mayoría de los funcionarios del actual gobierno sean Ceos vinculados con empresas revela dos cosas: por un lado la no conexión necesaria entre el cargo al que asumen algunos funcionarios y la experticia en el área, así como el abierto conflicto de intereses en varios casos, y por otro la interlocución privilegiada con el sector privado (empresarial y universitario). El  discurso inaugural del ministro de Economía (“no vamos a dejar la grasa militante, vamos a contratar gente idónea y eliminar ñoquis»)  expresó una descalificación reaccionaria de la participación política juvenil y el supuesto generalizador de que los agentes eran personas sin calificación y que además no trabajaban. Lo que estas manifestaciones indican es que a través de despidos y cierre de programas, se está produciendo una impugnación más general de los sujetos formados en el sector público y de los saberes universitarios que dieron forma a políticas dirigidas a la ampliación de la esfera de los derechos.

Por otra parte la crítica masiva de los convenios entre universidades y Estado, que fueron resultado de la decisión política del gobierno anterior de considerar a las universidades como consultoras del Estado, ha intentado acentuar la dimensión mercantil en detrimento del conocimiento y reconocimiento público de las experiencias genuinas de logros y aprendizajes que la gestión colaborativa tuvo en áreas de interés estratégico. La relación actual del Estado con fundaciones y ONG de impronta religiosa y empresarial busca desplazar el lugar calificado y autorizado de las universidades caracterizadas por la producción de conocimiento a través de la investigación, a favor de una concepción regresiva y privatista de la política pública.

La anunciada reducción del Estado no supone una simple racionalización fiscal sino también el ingreso de nuevos agentes, a partir del reclutamiento en empresas y universidades privadas, como informan los relatos de trabajadores despedidos. La afirmación del joven jefe de gabinete en una reunión con el Club Político Argentino de que no eran dueños del Estado sino que buscaban promover una agenda colaborativa, resulta desmentida antes los despidos sistemáticos en el Ministerio de Educación y Deportes.

Necesitamos entonces producir un debate sobre el rol que desempañan en el Estado las nuevas elites políticas procedentes de los sectores económicos concentrados en el desplazamiento del bien público universitario. El fortalecimiento de las instancias gremiales constituye una estrategia central  para la defensa de las fuentes de trabajo y para disputar contra una concepción gerencialista del Estado. La comunidad universitaria, en diálogo con otros actores,  debe constituirse cada vez más en una esfera pública crítica, capaz de resistir a estas tendencias en curso, persistir en las tareas formativas e intervenir en la configuración de nuevos escenarios político-educativos para afrontar los desafíos pendientes. Entre esos desafíos se encuentran la profundización del derecho a la educación superior y el fortalecimiento de la relación entre universidad y sociedad.

*Sandra Carli

Imagen: N.N. «Conferencia – Ernesto Laclau, Vuelve a Filo» recuperada en http://bit.ly/29BQIXy

Citas

[1] de Sousa Santos,  B.  (2005). La universidad en el siglo XXI. Por una reforma democrática y emancipadora de la universidad. BsAs. Editorial Miño y Dávila.

[2] http://www.minutouno.com/notas/312627-ciudad-el-16-del-presupuesto-educativo-va-privados-y-solo-18-infraestructura-escolar-publica

[3]Carli, S.  (2012). El estudiante universitario. Hacia una historia del presente de la educación pública. BsAs. Editorial Siglo XXI.

[4] Dubet, F.(2011). Repensar la justicia social. Contra el mito de la igualdad de oportunidades. BsAs. Editorial Siglo XXI.

* Graciela Morgade

Del privilegio al derecho

Si hay una marca “siglo XXI”  en las políticas educativas de nuestro país y también en varios otros de América Latina, son las discusiones, los proyectos y las iniciativas en el campo del “qué hacer” con las universidades.

Las universidades fueron, por siglos, cotos cerrados destinados a las élites privilegiadas – religiosas, patriarcales, económicas -; en el siglo XX experimentaron un imponente crecimiento, cuantitativo y cualitativo; y en 1998, se encontraron con estados que suscribieron la “Declaración Mundial sobre la Educación Superior” en el marco de la UNESCO, y nuestro país fue uno de ellos.

Entre otras novedades, la declaración despliega el postulado de que la universidad integra el conjunto de los “derechos humanos fundamentales”.  En el artículo 3, llamado “igualdad de acceso”, establece que la educación superior debería basarse en “los méritos, la capacidad, los esfuerzos, la perseverancia y la determinación de los aspirantes y, en la perspectiva de la educación a lo largo de toda la vida, podrá tener lugar a cualquier edad, tomando debidamente en cuenta las competencias adquiridas anteriormente”, que se debe empezar por una mejor articulación con el nivel secundario, que se debe facilitar activamente el acceso a la educación superior “de los miembros de algunos grupos específicos” para lo cual propone “una asistencia material especial y soluciones educativas” en dirección a superar obstáculos. Asimismo, en el artículo 4, establece de manera explícita la necesidad de promover del acceso de las mujeres, desvelando y erradicando “estereotipos de género”.

Diez años después,  en 2008, la Declaración de la Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y el Caribe de Cartagena de Indias profundiza esta concepción,  estableciendo que la Educación Superior es un bien público social, un derecho humano y universal y un deber del Estado. 

Este discurso, representa sin duda una interpelación crítica de la tradición elitista en las universidades. Sin embargo, en los diferentes países se fue concretando de manera diferencial, con mayores o menores logros alcanzados en una fuerte articulación con las políticas educativas y universitarias más amplias.

En nuestro país, este cambio de paradigma encontró un terreno fértil: a diferencia de muchos otros países de América Latina, la apertura en el acceso y la gratuidad (más específicamente, la ausencia de aranceles) fueron parte de las notas históricas esenciales que caracterizaron a las universidades públicas y representan un valor defendido por la comunidad en su conjunto en momentos en que parecieron amenazados.   Profundizando entonces en esa dirección, las políticas universitarias ampliaron el derecho a la educación superior a través de diferentes expresiones: creación de nuevas universidades nacionales en diferentes localidades del país, apertura de nuevas ofertas, creación de programas de becas universitarias (y el plan PROGRESAR para estudiantes de 18 a 24 años), entre otras medidas. Y fundamentalmente, a través una creciente y fuerte inversión presupuestaria en el sector, hasta llegar a la histórica proporción de casi un 1% del Producto Bruto Interno.  

Alarmante desfinanciamiento   

Con el cambio de gobierno estas tendencias comenzaron a revertirse. En lo que respecta al financiamiento, se presenta un discurso ambiguo y preocupante, tanto en cuanto al cumplimiento de los compormisos establecidos en la ley de presupuesto como en la atención de las necesidades de funcionamiento derivadas de los aumentos de tarifas.

La Ley 27198 de Presupuesto Nacional 2016 establece en su artículo 12 que el crédito total fijado para las universidades nacionales es de  $51.946.796.000, distribuidos según un anexo que establece el monto para cada una.  En el mismo artículo se faculta al jefe de gabinete de ministros a incorporar $400.000.000 para gastos de funcionamiento, $300.000.000 para infraestructura, más $1.500.000.000 para proyectos especiales y $1.000.000.000 para hospitales universitarios.

Este presupuesto adicional, ubicable en otras planillas (B, C y Partida de Hospitales Universitarios) suma $3.200.000.000 que no han sido siquiera reconocidos por el gobierno nacional.

En el contexto de la amenaza que el aumento de tarifas implica para el funcionamiento de las universidades, el Presidente Macri anunció a comienzos de mayo un “incremento” del presupuesto universitario de $500.000.000. Sin embargo, hasta el momento no se ha clarificado efectivamente si se trata de un aumento (que sería de menos de un 1% del total asignado a universidades nacionales) o si se trata de un anticipo de los adicionales previstos. En ese caso, falta el reconocimiento de $2.700.000.000 (para estar en el nivel de la ley de fines de 2015), pero sin contemplar los aumentos de tarifas ni la actual situación inflacionaria las universidades nacionales tendrán severas dificultades en finalizar el ciclo lectivo con normalidad.  

Para descomprimir la situación, en la Universidad de Buenos Aires por ejemplo, el rectorado recibió una nota mediante la cual el Ministerio de Educación  y Deporte comprometía al gobierno nacional a girar 500 millones (de los 710 que le corresponderían a la UBA dentro de la partida de 1000 millones para hospitales universitarios). Hasta la fecha de esta publicación, 27 de junio, ese giro no había sido realizado.

El silencio oficial en relación con el presupuesto se combinó en el mes de mayo con ambiguas propuestas oficiales ofrecidas en el marco de la paritaria docente que, a diferencia de las negociaciones realizadas en el mes de febrero con los sindicatos representativos de los otros niveles del sistema, fueron largas y trabadas, comenzaron con ofrecimientos muy bajos, y, según todos los testimonios disponibles, alargaron el tema a niveles exasperantes. Por otra parte, las paritarias no docentes también tuvieron idas y vueltas que, en un contexto de inflación galopante, también sometieron a los y las trabajadorxs del sector a una angustiosa espera.

La descalificación como fundamento de la profecía autocumplida   

Estas tensiones en el nivel del financiamiento de las universidades no se producen en el vacío. Durante la campaña electoral y luego ya en ejercicio, el gobierno nacional expresó, de manera fragmentaria pero explícita, algunos de sus desacuerdos con las políticas universitarias de los últimos gobiernos.

Desde la observación crítica de para qué haber creado “universidades por todos lados”, hasta la determinación clara y por decreto de la finalización de todos los convenios de cooperación (por lo cual las universidades perdieron el carácter de “consultoras privilegiadas” por el estado), la posición de “Cambiemos” es la descalificación generalizada para todas las universidades públicas y la diatriba injuriosa dirigida a algunas; en particular, las nuevas creaciones localizadas en la Provincia de Buenos Aires.      

Sin embargo, no es desde el gobierno nacional sino sobre todo desde los medios de comunicación donde  se configura el discurso que permite anticipar más claramente el proyecto para las universidades públicas. Interesa en particular una serie de notas que el diario La Nación viene publicando ya desde antes del cambio de gobierno.

Notas sobre el desproporcionado y desigual “gasto” por estudiante (que en una oportunidad  incluyó la propuesta de pagar los estudios en Buenos Aires a todos lxs estudiantes de la Patagonia porque era “más económico” que mantener una universidad en el sur), notas sobre la baja tasa de graduación que tendrían las universidades públicas, notas sobre lo “irrelevante” que sería el título universitario para conseguir empleo, notas sobre que “gratuidad” no significa “igualdad”, notas sobre la necesidad de desalentar mediante altos aranceles a lxs migrantes que estudian en la Argentina, notas sobre los ránkings universitarios y la baja performance de las universidades públicas, notas, notas, notas….

Decanta una mirada clasificatoria jerárquica según la cual deberían existir, y ser apoyadas, algunas pocas universidades clásicas y de “calidad”; las otras, deberían ir extinguiéndose o, a lo sumo, transformándose en meros enseñaderos sin relevancia académica ni territorial más allá que la de entregar títulos.

Esta mirada clasificatoria se perfila también en otra dirección. Recientemente, ante la petición de las autoridades de una universidad nacional, un juez dictaminó la inconstitucionalidad de la ley sancionada en octubre de 2015 que establece la gratuidad y la ausencia de restricciones (exámenes eliminatorios u otros mecanismo de exclusión) para la ingreso a la universidad. Pudiendo hacerlo, el ejecutivo nacional no interpuso ninguna objeción a esa sentencia que, finalmente, quedó firme. No es una sorpresa: cuando se trató este proyecto en Diputados, el bloque del PRO había votado en contra y, en plena campaña, la actual vicepresidenta se ausentó en la votación de senadores. Evidentemente, se trata de otra expresión de la política universitaria imperante y una oscura perspectiva para el mediano plazo: ¿vamos camino al arancelamiento de los estudios universitarios? ¿vamos camino al “mérito” entendido como la capacidad de “aprobar un examen” y el ingreso limitado por “el cupo” (establecido, otra vez, por cuestiones presupuestarias)?.

Defender a las universidades públicas

Para cerrar esta invitación a la conversación, subrayo algunas de las cuestiones críticas que están  pendientes en la discusión de las políticas universitarias.

Por una parte, el crecimiento del número de universidades no tuvo una discusión ni una planificación detenida. Si bien en muchos casos tuvo que ver con la ausencia de universidades en algunas zonas del país, también fue un producto de  presiones y negociaciones puntuales. Evidentemente, las universidades nacionales están todavía lejos de integrar un “sistema” universitario (desde mi perspectiva sería deseable).  

Es un tema pendiente además la deseable integración al “sistema educativo”, tanto en relación con los institutos de formación docente como en la muy enunciada y poco lograda “articulación con el nivel secundario”, y están lejos las respuestas contundentes sobre cómo mejorar las condiciones de enseñanza y cómo acompañar a lxs estudiantes que entran y abandonan los estudios rápidamente.

También tenemos que profundizar los debates sobre cómo se articula el derecho individual con las proyecciones de desarrollo de una región o del país y sus prioridades en la formación de profesionales y en desarrollo en ciencia y tecnología; en otra palabras, el sentido de sostener como  política al ingreso irrestricto en relación con una planificación de un proyecto de desarrollo nacional…  

Quedó y queda mucho por hacer pero, definitivamente, no es destruyendo el camino recorrido que tendremos más y mejor educación superior universitaria.

Las universidades públicas están diseñando e implementando ámbitos de enseñanza cada vez más apropiados para los nuevos sujetos que llegan a las aulas y herramientas para apoyar su permanencia y egreso en condiciones de calidad equivalentes. También están estableciendo lazos de colaboración entre instituciones en dirección a aprovechar solidariamente de la experiencia institucional acumulada. Están proponiendo investigaciones cada vez más pertinentes articuladas con una producción en ciencia y tecnología acorde con las necesidades de cada región y están implementando una vinculación territorial de ida y vuelta en la construcción de conocimiento. Además, están alentando y sosteniendo una participación activa en los debates públicos de interés social.  

Se trata de una dirección para seguir trabajando y profundizando pero es evidente que estamos en tiempos que demandan cuidar y defender lo logrado. Y será visibilizando la relevancia social de la universidad pública desde una convicción: no estamos trabajando por un sector privilegiado, estamos plenamente implicadxs en la discusión por la democratización de la educación superior y por la ampliación del derecho a la educación.

Imagen: Bellomo, Valentina “La universidad pública de pie”. ANCOM; Buenos Aires 12/05/2016. Recuperada en http://bit.ly/28XpSIu