*Sandra Carli

Haciendo historia reciente de la universidad: del fallido ministro López Murphy a las políticas de Esteban Bullrich

En el año 2004 Boaventura de Souza Santos produjo “un texto de intervención” en ocasión del debate sobre la reforma universitaria en Brasil[1].  Planteó entonces un diagnóstico crítico sobre la situación de la universidad pública señalando que su crisis institucional  y  descapitalización se había producido por la pérdida de prioridad política del bien público,  bajo el trasfondo más general de la transnacionalización de la educación superior.

En la Argentina ese diagnóstico tuvo una resonancia particular. Durante los gobiernos peronistas de Carlos Menem y luego durante el gobierno de la Alianza encabezado por Fernando De La Rúa,  que estallaría con la crisis de los años 2001-2002, se había producido una notable desestabilización de las universidades públicas por el achicamiento presupuestario que coincidiría con una proceso de masificación de las matrículas y la sanción de la Ley de Educación Superior (1995).  La comunidad universitaria no dejaría de manifestarse durante la larga década,  pero en forma intensa cuando el designado ministro de Economía Ricardo López Murphy, en cuya fuerza política participaba el joven Esteban Bullrich, anunciara en marzo de 2001 medidas de ajuste salvaje en el sector público en general y en las universidades en particular.

Esos anuncios provocaron la salida de algunos ministros radicales, entre otros el entonces ministro de Educación  Hugo Jury  (actual rector de la UNC) y  la renuncia de los secretarios del FREPASO, entre los que se encontraba Adriana Puiggrós.  Si bien Chacho Álvarez había renunciado antes a la vicepresidencia, el FREPASO no había abandonado la coalición.  Luego del severo programa de ajuste fiscal anunciado el fallido ministro López Murphy no permanecería más de 15 días en su cargo, ante la movilización de la comunidad universitaria y de otros actores sociales.

Entre las metas que se proponía López Murphy estaba no solo el ajuste fiscal a las universidades sino también la racionalización burocrática (reducción) del Ministerio de Educación. Podemos plantear como hipótesis que aquellas metas frustradas del fugaz ministro López Murphy -que en las elecciones de 2003 también fracasaría a pesar de su buena perfomance por el pasaje al ballotage de Menem y Nestor Kirchner- se están logrando  15 años después de la mano del gobierno de Cambiemos presidido por Mauricio Macri, más afín a su perspectiva de control fiscal y apertura de la economía. Mientras el Ministerio de Modernización instrumenta la reducción del aparato estatal a través de despidos sistemáticos en apenas seis meses de gobierno, el ya no tan joven ministro de Educación Esteban Bullrich instrumenta dichas medidas de racionalización, que incluyen el retaceo y subejecución del presupuesto 2016 asignado a las universidades públicas,  que ha sido detallado en un texto anterior de este blog. Modalidad ya implementada en la Ciudad de Buenos Aires  durante su anterior gestión como ministro[2].

Recuperando el diagnóstico crítico de Boaventura Santos sobre la situación de las universidades públicas que señalamos al principio, ¿qué ha sucedido entre aquel escenario de crisis de los años  2001/2 y el actual presente histórico?  En un libro sobre la experiencia estudiantil[3] sostuve que en esos años de crisis frente a la debilidad estratégica de las universidades públicas se acentuaron las tácticas de los estudiantes para permanecer en las instituciones. Durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner las políticas universitarias implementadas produjeron, en cambio, un fortalecimiento institucional y  una nueva visión estratégica,  no solo por el aumento del presupuesto universitario (1% del PBI), sino también por el desarrollo de proyectos y programas que buscaron garantizar el derecho a la educación superior a más amplios sectores sociales.

La expansión del sistema universitario con la apertura de nuevas universidades,  junto con la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, permitiría saldar  parte de los atrasos acumulados del sector  respecto de los parámetros internacionales con nuevos indicadores (formación y graduación de posgrado, producción científica, ampliación del acceso a estudios de distintos sectores sociales, entre otros). Sin embargo quedaron tareas pendientes, entre otras la sanción de una nueva Ley de Educación Superior, a pesar del fuerte trabajo generado en este sentido en la Cámara de Diputados, por la diputada Adriana Puiggrós del FPV .

La no prioridad de la cuestión universitaria o la excusa de los niños primero

En sus discursos públicos el Ministro Bullrich insiste en señalar que su prioridad es la educación inicial y la educación secundaria, restando importancia en la agenda de gobierno al sistema de educación superior y en particular a las universidades públicas. Prioridad que también nos retrotrae a la centralidad de la “educación básica” de la reforma educativa de los años ´90 y del discurso internacional global, aunque o la sanción de la Ley de Educación Superior evidenció que el tema estaba en la agenda a pesar de las controversias que suscitaría.

En una conferencia dada en la Universidad de San Andrés el actual ministro recurrió entre otras  cifras -sin mencionar sus fuentes- a  la que indicaría que de los sectores más pobres solo 1 de cada 100 estudiantes logra titularse en la universidad, para sostener el argumento de la baja calidad o “fraude” del sistema. Se impugna así de manera velada la apertura, extensión y gratuidad del sistema universitario argentino, y también las legislaciones educativas vigentes, por su falta de “eficiencia” o resultados. Si bien el debate entre igualdad de oportunidades y desigualdad de posiciones es pertinente y necesario[4] resulta evidente que el programa económico del actual gobierno profundizará la desigualdad de posiciones de los estudiantes minando el alcance igualitario de las oportunidades que  les ofrecen las universidades públicas para acceder.

Un recorrido por las universidades públicas del país  le permitiría al ministro tomar contacto con un fenómeno institucional que desconoce, pero que sí conocen las autoridades de la Secretaría de Políticas Universitarias que están vinculadas al sector público. La condición plebeya de las universidades argentinas que habilita el encuentro en las aulas de distintos sectores sociales y que propicia procesos formativos muy particulares está en las antípodas de algunas experiencias del sector privado. Las universidades públicas combinan de manera compleja tareas de docencia, investigación y extensión, gobierno tripartito y participación política. No se trata simplemente del conocimiento o no del ministro del complejo sistema universitario argentino, en el que por otra parte ha incursionado muy poco en su formación profesional, sino en todo caso de concepciones sociales, políticas e ideológicas disímiles respecto de lo que significa conservar y profundizar en la tradición pública, gratuita y cogobernada del sistema universitario argentino.

 

En torno al Estado, los saberes universitarios y las políticas públicas: reducción del Estado o reocupación?

El hecho de que la mayoría de los funcionarios del actual gobierno sean Ceos vinculados con empresas revela dos cosas: por un lado la no conexión necesaria entre el cargo al que asumen algunos funcionarios y la experticia en el área, así como el abierto conflicto de intereses en varios casos, y por otro la interlocución privilegiada con el sector privado (empresarial y universitario). El  discurso inaugural del ministro de Economía (“no vamos a dejar la grasa militante, vamos a contratar gente idónea y eliminar ñoquis»)  expresó una descalificación reaccionaria de la participación política juvenil y el supuesto generalizador de que los agentes eran personas sin calificación y que además no trabajaban. Lo que estas manifestaciones indican es que a través de despidos y cierre de programas, se está produciendo una impugnación más general de los sujetos formados en el sector público y de los saberes universitarios que dieron forma a políticas dirigidas a la ampliación de la esfera de los derechos.

Por otra parte la crítica masiva de los convenios entre universidades y Estado, que fueron resultado de la decisión política del gobierno anterior de considerar a las universidades como consultoras del Estado, ha intentado acentuar la dimensión mercantil en detrimento del conocimiento y reconocimiento público de las experiencias genuinas de logros y aprendizajes que la gestión colaborativa tuvo en áreas de interés estratégico. La relación actual del Estado con fundaciones y ONG de impronta religiosa y empresarial busca desplazar el lugar calificado y autorizado de las universidades caracterizadas por la producción de conocimiento a través de la investigación, a favor de una concepción regresiva y privatista de la política pública.

La anunciada reducción del Estado no supone una simple racionalización fiscal sino también el ingreso de nuevos agentes, a partir del reclutamiento en empresas y universidades privadas, como informan los relatos de trabajadores despedidos. La afirmación del joven jefe de gabinete en una reunión con el Club Político Argentino de que no eran dueños del Estado sino que buscaban promover una agenda colaborativa, resulta desmentida antes los despidos sistemáticos en el Ministerio de Educación y Deportes.

Necesitamos entonces producir un debate sobre el rol que desempañan en el Estado las nuevas elites políticas procedentes de los sectores económicos concentrados en el desplazamiento del bien público universitario. El fortalecimiento de las instancias gremiales constituye una estrategia central  para la defensa de las fuentes de trabajo y para disputar contra una concepción gerencialista del Estado. La comunidad universitaria, en diálogo con otros actores,  debe constituirse cada vez más en una esfera pública crítica, capaz de resistir a estas tendencias en curso, persistir en las tareas formativas e intervenir en la configuración de nuevos escenarios político-educativos para afrontar los desafíos pendientes. Entre esos desafíos se encuentran la profundización del derecho a la educación superior y el fortalecimiento de la relación entre universidad y sociedad.

*Sandra Carli

Imagen: N.N. «Conferencia – Ernesto Laclau, Vuelve a Filo» recuperada en http://bit.ly/29BQIXy

Citas

[1] de Sousa Santos,  B.  (2005). La universidad en el siglo XXI. Por una reforma democrática y emancipadora de la universidad. BsAs. Editorial Miño y Dávila.

[2] http://www.minutouno.com/notas/312627-ciudad-el-16-del-presupuesto-educativo-va-privados-y-solo-18-infraestructura-escolar-publica

[3]Carli, S.  (2012). El estudiante universitario. Hacia una historia del presente de la educación pública. BsAs. Editorial Siglo XXI.

[4] Dubet, F.(2011). Repensar la justicia social. Contra el mito de la igualdad de oportunidades. BsAs. Editorial Siglo XXI.