*Sandra Carli

El anuncio por parte del Directorio del CONICET de que este año solo ingresarían 385 postulantes – 60% menos que años anteriores- puso en evidencia los alcances reales del ajuste aprobado en el presupuesto de Ciencia y Técnica 2017 por parte del gobierno de Cambiemos. Significa, por un lado, el incumplimiento del Plan Argentina Innovadora 2020 que establecía la meta de alcanzar 5 investigadores cada 1000 personas de la población económicamente activa; por otro, el virtual congelamiento del CONICET.  Incumplir  un plan de estado aprobado en 2013 que establecía metas de mediano plazo evidencia no solo las contradicciones de los actuales funcionarios del área sino también el desinterés del gobierno en la relación estrecha entre promoción de la  ciencia y desarrollo del país.

Ante semejante anuncio, que implica un recorte brutal de la cantidad de ingresantes a la carrera del Investigador,  la mayor parte de ellos becarios dedicados a la investigación desde hace por lo menos 7 años, se generó una intensa reacción de la comunidad científica en todo el país. El lunes 19 de diciembre se llevaron adelante distintas protestas y se hicieron oír los reclamos del sector en el CONICET, que derivarían en la toma de la planta baja del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCYT) en el Polo Científico y  en días posteriores de Centros Científicos Tecnológicos (CCTs) de diferentes ciudades del país, hechos que tuvieron una importante repercusión en los medios de comunicación locales y nacionales. Se producía así, ante el retroceso en una política de estado apreciada por el conjunto de la sociedad en años anteriores,  la amplia politización de un sector en ocasiones  reacio a la exposición pública y a la confrontación con autoridades por su propia impronta jerárquica y meritocrática y por las creencias de muchos investigadores en una ciencia neutra e universal.

Una evidencia del giro en el posicionamiento público han sido las cartas de rechazo al ajuste elevadas por parte de Comisiones asesoras del CONICET que participaron en su momento en las evaluaciones de ingresos, becas y promociones y de científicos premiados en el país y en el exterior de distintas disciplinas. Si bien las organizaciones existentes  (científicas, universitarias y sindicales) que intervienen en la representación del sector vienen teniendo un papel activo en los debates del área, debemos decir que estamos ante un acontecimiento inédito en tanto  logró generar una articulación política importante en torno a la defensa del área de ciencia y técnica que excede el reclamo corporativo, e  incidirá notablemente en la generación de discursos y acciones en el año próximo.

Un resultado de esta intensa semana de movilizaciones y  negociaciones encabezadas por distintas organizaciones, ha sido la firma de un Acta Compromiso por la cual  el CONICET otorga becas extraordinarias hasta el 31 de diciembre de 2017 a los 508 recomendados para ingresar. La firma de este compromiso en su letra final incorporó varios elementos surgidos de debates previos entre organizaciones y grupos de afectados y de la multitudinaria asamblea realizada en la explanada del MINCYT.  Como se planteó allí  se trata de un logro importante pero  parcial (creación y extensión de becas según el caso) y “no ideal” (ingresos al CONICET),  en un escenario atravesado por los límites impuestos por las autoridades nacionales y el gobierno y  por las tensiones vinculadas con el sostenimiento masivo de medidas de lucha. Sin embargo, el rechazo a ese acuerdo por parte de algunos  CCTs del país, comunicado a través de las redes sociales, da cuenta por un lado de los diálogos que se generaron y vieron potenciados a través de ellas entre distintas comunidades científicas de todo el país,  pero también de los desafíos pendientes respecto de contar con una representación de carácter federal en las mesas de negociaciones políticas del año próximo. Las diferencias se vinculan no solo con la escena de la decisión política, sino también con las interpretaciones  disímiles acerca de los alcances de las medidas de lucha, en un escenario y ante un gobierno que resulta un hueso difícil de roer.

Tomas, asambleas y redes sociales: las formas y medios del conflicto 

Si las tomas y las asambleas son una modalidad conocida, revalidada en esta ocasión, se ha sumado el debate e intercambio en las redes sociales: entre la escena presencial de la votación  en la explanada del MINCYT y la comunicación virtual frenética en el aquí y ahora a través de celulares, se dirime la deliberación política.  El desafío por delante es que se generen  formas de representación ampliadas, en las que puedan coexistir actores que proceden de  diversas tradiciones políticas, sindicales, científicas, disciplinares, situados en diversos lugares del país, pero también jóvenes que transitan sus primeras experiencias y aprendizajes políticos ante un gobierno que busca reducir sus posibilidades de inserción y desarrollo. Potenciar la defensa del campo de ciencia, técnica y universidad compromete a todas las generaciones, situadas en distintas categorías y jerarquías en el sistema, y se requiere imaginación para entablar diálogos y crear nuevas formas organizativas  para el año próximo.

Mientras las redes sociales han potenciado el contacto, el debate y la organización entre comunidades científicas de distintos lugares del país que resisten al ajuste, con la circulación de insumos de todo tipo, democratizando el acceso a la información,  haciendo públicas las posiciones de diversos actores y adquiriendo relevancia la dimensión visual de la protesta social;   también pueden usarse para trabajos sucios. El recurso a los llamados trolls ha sido una vez más estrategia del gobierno para deslegitimar burdamente investigaciones de las ciencias sociales dedicadas a la cultura popular, la cultura infantil, las problemáticas del género y la sexualidad, entre otros temas; y colaborar en la justificación pública del ajuste aplicado.  La respuesta no se hizo esperar: una comunidad que cuenta con suficiente legitimidad se ha solidarizado con los investigadores agraviados y se ha dedicado a trasmitir el valor de esas investigaciones  “difamadas” para un público alejado del campo académico; por otra parte una investigación reciente desnuda que se trató de una jugada preparada.

Ante el achicamiento del estado: politizar ciencia, tecnología y universidad 

Más allá del debate sobre el acuerdo alcanzado con las autoridades del MINCYT, lo que está por delante es la disputa por la incorporación de los ingresantes recomendados y no seleccionados a CIC. Como resultó evidente estos días la decisión de la reducción de número de ingresantes fue una decisión política, no económica, del gobierno de Cambiemos y de sus funcionarios del área, el ministro Lino Barañao y el presidente del CONICET Alejandro Ceccatto, que no se cansaron durante todo el año de descalificar  la producción de los científicos y cuestionar la continuidad del crecimiento del organismo. La decisión fue achicar la puerta de ingreso a la carrera; la lucha política tendrá por delante abrirla y para eso se requiere un compromiso sostenido de todos los sectores.  El ajuste en Ciencia y Técnica se inscribe en forma más general en las políticas de reducción del estado, que tuvieron en el caso del Ministerio de Educación un caso testigo que signaría el año y sobre las que ya nos referimos en una nota anterior.

  Esta política restrictiva afecta la posibilidad de sostener y consolidar equipos de investigación en las distintas instituciones.  Entre esas instituciones están las universidades públicas, que concentran el mayor número de investigadores/as y de producción de investigación científica. El desfinanciamiento del CONICET afectará a las universidades y el desfinanciamiento de las universidades afectará a la comunidad científica; por eso la pelea es por ciencia, técnica y universidad, por más estado y más investigación.  Ni la elitización y reducción de los organismos científicos ni el recorte presupuestario del sistema universitario son horizontes tolerables para una comunidad académica convencida de que la producción y  transferencia de conocimiento al conjunto de la sociedad constituye un camino clave para la resolución de los problemas del país.