*Sandra Carli

La educación pública busca ser, para el actual gobierno, un laboratorio social de intervenciones que se sustenta en el vínculo estrecho con fundaciones privadas y agentes del mundo empresarial. Por otra parte se ha convertido en un territorio privilegiado para la divulgación/aplicación de disciplinas, como  las neurociencias, y de saberes y técnicas vinculadas con teorías espirituales/emocionales, que conlleva efectos insospechados en el desplazamiento y/o vaciamiento de saberes pedagógicos del sistema educativo. Está en juego un cambio de paradigma que busca colonizar la política pública.

Las neurociencias han sido referenciadas por la política educativa del gobierno de Cambiemos desde su asunción. La primera medida tomada al respecto, fue la fundación de un Laboratorio de Neurociencias y Educación a partir de un convenio entre el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación encabezado por Esteban Bullrich y la Fundación INECO presidida por Facundo Manes: no figura en la renovada página web del Ministerio, que ha borrado información sobre su historia y memoria institucional; sin embargo, en la página de la fundación consta la existencia de un Instituto de Neurociencias & Educación, que se propone entre otras cosas “trasladar sus hallazgos al ámbito educativo, anhelando tener un impacto positivo sobre la forma en que se educa, se aprende y se comparte el conocimiento desde la primera infancia hasta la vida adulta” y ofrece un “catálogo de capacitaciones para docentes”. La segunda medida fue la propuesta de creación de un Polo de Neurociencias (“aplicadas”) a partir de la reconversión de los Hospitales neuropsiquiátricos José T. Borda y Braulio Moyano, pero también el Centro Ameghino y el Hospital Alvear,  con una partida importante en el Presupuesto 2017 de la Ciudad de Buenos Aires, que entra en contradicción con la Ley Nacional de Salud Mental. Por último, en la Provincia de Buenos Aires la medida tomada fue la creación de una “Unidad de Coordinación para el Desarrollo del Capital Mental” en octubre de 2016, que conlleva un Plan orientado a la nutrición y estimulación cognitiva y emocional, siendo definido el capital mental como “los recursos cognitivos y emocionales con los que contamos para poder desarrollarnos en la vida y utilizar todo nuestro potencial. Comprende una nutrición adecuada, capacidad cognitiva, inteligencia emocional, capacidad de aprendizaje flexible y eficiente, y capacidad de adaptación”.

Estas acciones simultáneas en la escala nacional, provincial y de la ciudad de Buenos Aires, indican una modalidad de la política educativa del actual gobierno que es adjudicar/conveniar/delegar en una fundación de carácter privado cuyo objeto de estudio y trayectoria de investigación no es la educación, la puesta en marcha/diseño/gestión de una política pública. La política pública se define en un acuerdo entre funcionarios públicos y un actor privado, que aunque pueda contar con antecedentes científicos y profesionales,  los mismos no acreditan en el campo específico de lo educativo, al tiempo que resulta privilegiado sin mayores consensos. En la historia de la educación argentina encontramos antecedentes, en particular durante períodos de dictaduras militares, en los que se produce el acceso de figuras del sector privado al sector público, en este caso en particular procedente del campo médico.

Se suma a este panorama la introducción de teorías espirituales/emocionales vía la contratación de figuras con desempeño en el mundo de los negocios y las finanzas para la intervención en la capacitación de empleados estatales y docentes. Una nota reciente de Norberto Alayón[4] da cuenta de la contratación por parte del estado de figuras que forman parte del staff de fundaciones privadas nacionales e internacionales que se autopresentan como expertos en programas y actividades que promueven “nuevos paradigmas centrados en el Ser” o en física cuántica orientada a la espiritualidad, que recibiera esta última el cuestionamiento de asociaciones científicas por el uso liviano de esos saberes. Se trata de figuras con intervenciones previas en el mundo empresarial global, sin mayores incursiones en el ámbito educativo, hecho que expresa sobre todo las tendencias a la desvalorización de los títulos académicos en el capitalismo financiero y la primacía otorgada a los especialistas en coaching, liderazgos y espiritualidad.

Mientras en el campo privado se buscan promover prácticas (de meditación, entre otras) que den vía de escape a las exigencias y presiones de la competitividad (menguar “productividad” con “vivencias”) o que desarrollen en su reversa determinadas habilidades en algunos individuos (detección de talentos, formación de líderes), su transferencia en el sector público en un contexto de disciplinamiento laboral, deterioro salarial y ajuste fiscal, no tiene otro efecto que reforzarlo. La intención de estimular las capacidades emotivas, comunicativas y para la acción de los sujetos en la búsqueda de la “eficiencia” en la actividad pública, desvía el foco del hecho central que es la puesta en marcha de más de un año a esta parte de un proceso de reforma del estado que incluye despido sistemático de trabajadores.

Sabemos que la divulgación de las neurociencias y de las teorías emocionales ha sido exponencial en las últimas décadas. Libros que son records de venta, notas permanentes en revistas de grandes diarios, colecciones especializadas en editoriales, producciones televisivas. Si la divulgación científica supone siempre la trasposición/traducción de saberes originados en la investigación científica para un público no especializado, la aplicación en educación de resultados de investigaciones científicas es harina de otro costal. Requiere de investigación en el campo específico, que, cuando se desliza hacia aplicacionismos pseudocientíficos conlleva la desautorización de la experiencia pedagógica acumulada en las aulas y en el trabajo entre docentes y estudiantes.

La divulgación y/o aplicación en educación de saberes de distintas disciplinas tiene una larga historia. Podemos tomar algunos ejemplos: con los fundamentos de la psicología experimental en las primeras décadas del siglo XX se crearon en el sistema educativo dispositivos de observación y medición de la niñez, el psicoanálisis tuvo una gran divulgación en los años sesenta y algunas de sus vertientes permearon las prácticas educativas y la actuación de docentes en ciertos sectores, las teorías gerenciales ingresaron en la gestión educativa a partir de los años 90 y reconfiguraron desde una perspectiva económica la política educativa. Cabe prestar atención al contexto histórico y a la asunción como política pública, así como a la pertinencia de los saberes de otras disciplinas o campos de conocimiento y a los modos en que se introducen en educación: la descontextualización de ciertas explicaciones y categorías de su campo de producción y su recontextualización en el ámbito educativo es compleja y requiere de una vigilancia epistemológica y ética.

También es necesario reflexionar sobre la apropiación de distintos saberes sin mediaciones críticas por agentes del sistema educativo. Las redes informáticas son un soporte para la circulación de “diagnósticos”, sustentados en el paradigma neurobiológico y en otros paradigmas (emocionales). Se amplía en forma exponencial la recepción de interpretaciones científicas a partir de lo cual usuarios profanos buscan comprender y /o explicar conductas y desempeños infantiles y juveniles, que derivan en muchos casos en etiquetamientos rápidos, sin fundamento suficiente. De allí la responsabilidad de la política pública, pero también de los investigadores en evitar transferencias de un ámbito a otro, en tanto pueden provocar la negación o invisibilización de la especificidad de lo que acontece en las instituciones educativas y de sus desafíos cotidianos: procesos de enseñanza y de aprendizaje.

Si bien existe un amplio espectro de aportes de las investigaciones de neurociencias a la comprensión de fenómenos como la memoria y el aprendizaje, de interés para la educación[1], la predominancia de esta disciplina en la política educativa del actual gobierno, caracterizado por su orientación neoliberal que coloca en el individuo el centro de las intervenciones, parece trasuntar un nuevo positivismo, que puede deslizarse a un determinismo biológico con efectos insospechados en la lectura de lo social. Encontramos indicios en la propuesta de nuevos dispositivos de observación (en este caso del cerebro) y en la sugerencia de introducción de una aparatología del ámbito médico en el espacio educativo: según Antonio Battro, así como las TIC fueron rechazadas en sus comienzos y se han generalizado en las escuelas, se generalizarán los aparatos que estudian las reacciones del cerebro. También se produce una asociación compleja con las teorías sobre la educabilidad, asentadas en muchos casos en argumentos a considerar, pero que entraman con supuestos y prejuicios sociales sobre las familias y trasladan la mirada de la tarea que deben llevar adelante las políticas educativas desde el derecho a la educación a las posibilidades diferenciales de  niños y niñas, sin considerar las condiciones de desigualdad que pueda operar en ellas. Un caso es la tesis acerca del impacto de la mala nutrición en el desarrollo neuronal y por lo tanto en los aprendizajes: la política pública debería ocuparse de garantizar el derecho a la alimentación para el logro general de un mejor desarrollo infantil y no ser la nutrición la condición de la que serían responsables las familias para garantizar la producción de “capital mental” para el país.

Resulta altamente preocupante por otra parte, la generalización de un paradigma neurocognitivo invasivo que propicie nuevos etiquetamientos para explicar bajos resultados educativos, no así la detección en el espacio escolar de posibles problemas de orden neurológico que justifiquen consultas profesionales necesarias en el ámbito médico. La pregunta es entonces: ¿la política pública está autorizada a realizar una transferencia de saberes sin los recaudos necesarios de un ámbito a otro, sin hacerse responsable de sus efectos?

Uno de sus efectos es el desplazamiento de los saberes pedagógicos, que se combina con la estrategia de descalificación pública de los docentes que viene llevando adelante el actual gobierno desde su asunción; convirtiéndolos en destinatarios de nuevos catálogos de capacitación y negándolos como interlocutores expertos. Necesitamos una perspectiva compleja que pueda reconocer la expansión de disciplinas de diversa procedencia en la historia del sistema educativo, pero al mismo tiempo de los saberes pedagógicos y de las prácticas de enseñanza desde las cuales pensarlas, revisarlas, interrogarlas. Hay que leer la escena del aula, como diría Eduardo Remedi, con su multideterminación, en el marco de la historia y la cultura institucional de las escuelas[2]; lo que ha acontecido y sigue aconteciendo allí requiere considerar los saberes de los docentes, asentados en el oficio, en la formación, y en la vida cotidiana escolar, en sus logros,  en sus dificultades y en los desafíos siempre abiertos, pero también someter a crítica intervenciones colonizadoras que convierten al espacio educativo en un probable laboratorio de experimentación.

 

[1] Dossier sobre “Neurociencias y Educación”, en Revista Propuesta Educativa No46, Año 25, Nov/2016-2. Flacso.

[2] “Remedi, E. (2004) “La institución: un entrecruzamiento de textos”. En Remedi, E. (coord.) Instituciones educativas. Sujetos, historia e identidades. México: Plaza y Valdés Editores.